Seguridad y violencia social

Los índices de criminalidad y violencia en la Argentina y América Latina se han incrementado exponencialmente en las últimas dos décadas. Esta cruda realidad se ha agravado en nuestra ciudad en los últimos años, como todos comprobamos a diario.

Resulta urgente desarrollar las vías de solución al problema. Pero si queremos soluciones efectivas, es necesario investigar seriamente sus causas como también de los modos de disminuir los crecientes índices. Quienes formamos Proyecto Sur conocemos experiencias y estudios que se han desarrollado con éxito en otras localidades y regiones afectadas por la problemática:

Rigurosos estudios sociales señalan que las causas generales del aumento de los índices de criminalidad, en particular de la delincuencia juvenil, están siempre relacionados con procesos sociales y económicos de marcada desigualdad, indicando fundamentalmente cuatro aspectos primordiales:
· crisis del sistema educativo.
· deterioro de los ámbitos de sociabilidad y violencia familiar.
· escasas o nulas formas de motivación entre los jóvenes y extendido desempleo o sub-empleo juvenil.
· conciencia de la exclusión y su correlato subjetivo: pérdida de la autoestima, resentimiento y actitudes anti-sociales.

Ante este cuadro nos resulta sumamente preocupante una tesis extrema que está teniendo mucha receptividad ante la desesperación que surge de amplios sectores que desean resultados rápidos: endurecimiento de las penas en todas sus formas - sobresaliendo el reclamo de pena de muerte- o la reducción de la edad de imputabilidad de los delincuentes juveniles. Esta tesis, por lo general viene acompañada con la simplificadora y discriminatoria idea de identificar la criminalidad con la pobreza. No se piensa en las causas del fenómeno, ni las seriedad de quienes aplicarán estas soluciones demagógicas y violentas.

Es por esto que queremos reseñar, por ser fundamentales, varias experiencias que se han mostrado exitosas respecto de conseguir una efectiva disminución de los índices de criminalidad, en particular de la delincuencia juvenil, a mediano plazo en diversas partes del mundo:

· Programas de hogares familiares terapéuticos y cambio de los espacios de sociabilidad de los jóvenes delincuentes.
· Programas de desarme de la comunidad.
· Redefinición del rol policial: hacia una la policía como servicio público, buscando una mayor integración comunitaria de la institución.

Es cierto que las principales competencias en materia de seguridad corresponden a los gobiernos provincial y nacional, pero el estado municipal no puede desentenderse de sus responsabilidades. Impulsaremos que el producto de estas investigaciones, experiencias y proyectos sean trasmitidos a nuestros representantes a nivel provincial y nacional para que estos, a su vez, legislen y pongan en marcha soluciones efectivas.
Por otro lado es totalmente necesario que el estado municipal active todo tipo de políticas inclusivas tendientes a modificar la situación de deterioro social y pobreza en que vive la población.

Desde el Concejo Municipal, nuestra tarea será generar las condiciones necesarias para posibilitar:
· La inclusión de jóvenes que no participan en la economía formal, y con escasas posibilidades de poder hacerlo en un futuro inmediato, en los emprendimientos impulsados por el Colectivo Pro Desarrollo de la Economía Social.
· Espacios amplios de articulación artístico-sociales (teatro, plástica, murgas, etc.), que operen como ámbitos de sociabilidad, contención y generación de ideas de identidad individual y colectiva para niños y adolescentes.